lunes, 21 de junio de 2010

Acciones doradas: ¿ganancia o pérdida de capacidad de regulación?

Uno de los temas clave en los procesos de privatización es el uso de "acción dorada", un mecanismo financiero para garantizar el control de la empresa a un grupo con capital minoritario. La motivación para ello es permitir al Estado una mejor regulación al contar con un grupo capitalista "confiable". En México hay además la motivación de emplear un agujero en la Ley de Inversión Extranjera para permitir capital externo en acciones "sin voto" que no cuentan para los efectos de los límites a inversiones de ese tipo. Los argumentos en contra son, primero, que el objetivo de una privatización es introducir elementos de competitividad y gobernanza, mientras que al seleccionarse un grupo capitalista "confiable" y, segundo, al introducir a un grupo extranjero difícil de cambiar por estar atado el valor de la inversión a autorizaciones específicas, virtualmente nominativas, se pierden esas ganancias.
    En términos económicos, la regulación a acciones "sin voto" es irrelevante en general, pues la empresa busca optimizar su costo de financiación y es igual el valor marginal de un peso de deuda, de uno proveniente de acciones con voto o de uno proveniente de acciones sin voto. Los precios de cada activo se ajustan para reflejar su riesgo y capacidad de influencia. Si el objetivo real es conmpetitividad y mejor gobernanza, la acción dorada parece ser una mala idea. A menos que haya objetivos contrarios. Algunos válidos serían la capacidad de requisar la empresa o de intervernirla sin orden judicial (por ejemplo, si es una empresa de control aéreo). Otros no legítimos son pasar el negocio a amigos ("crony capitalism") o privatizar un monopolio (al menos el segundo de estos ha sido un objetivo explícito del gobierno en México, justificado por la conveniencia de generar ingresos fiscales; un argumento claramente equivocado).
   El artículo de Barranco habla del episodio que se vive en los aeropuertos:
"Estamos hablando de la disputa por el control de la empresa que aglutina 14 terminales aéreas del país entre sus socios nacionales y extranjeros. La Controladora Mexicana de Aeropuertos Españoles y las firmas Aeropuertos Españoles de la Navegación Aérea y Abertis. En el escenario hay dos presidentes del Consejo de Administración: la mexicana Laura Díez Barroso Azcárraga y el español Demetrio Ullastres; dos grupos de consejeros independientes, y dos resoluciones por cumplir en torno a una disminución del capital de la firma y un reparto de utilidades… y dos asambleas de socios...el nuevo Consejo de Administración designaría a nueve miembros independientes sin tener facultades para ello, dado que éstas recaen en la asamblea...Ahora que los nombrados carecen de objetividad e independencia, ya que se han coludido con los socios españoles, y algunos de ellos han incumplido con la Ley del Mercado de Valores en el desempeño de sus funciones y deberes....De acuerdo al artículo 34 de la Ley de Aeropuertos, los concesionarios o permisionarios del sector aeroportuario en ningún caso podrán ceder ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso y los derechos conferidos, así como los bienes efecto de ellos a ningún gobierno extranjero. Hete aquí que Aeropuertos Españoles de la Navegación Aéros es propiedad del gobierno español...Y si le seguimos, el artículo séptimo de la Ley de Inversiones Extranjeras establece que el caudal foráneo no puede acumular más del 10% del capital de una empresa aeroportuaria, por más que se realicen acuerdos de piramidación...Lo que no se dice es que las acciones de las firmas españolas valen 100 veces más, por enlistarse en el llamado paquete de control..."